Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, ha sido condenada a seis años de prisión por corrupción, marcando un hito histórico en el país. El fallo de la Corte Suprema, emitido el 10 de junio de 2025, pone fin a casi una década de juicios y apelaciones y confirma su culpabilidad en el escándalo de administración fraudulenta relacionado con la adjudicación irregular de obras viales a su amigo Lázaro Báez, lo que causó pérdidas millonarias al Estado argentino.

Este veredicto no solo implica una condena penal, sino que también inhabilita a Kirchner de ejercer cargos públicos de por vida, sellando así su destino político. A sus 72 años, se espera que cumpla su condena en prisión domiciliaria, lo que añade un matiz de ironía a su ya deteriorada imagen pública. La noticia ha desatado una ola de reacciones en todo el espectro político, desde la celebración en las filas anti-Kirchneristas hasta la indignación en el peronismo, que clama persecución política.

El momento del fallo no es casual; se produce justo después de que Kirchner anunciara su regreso a la política activa, buscando consolidar su liderazgo en un peronismo fragmentado. Sin embargo, la condena ha dejado al movimiento en un estado de vacío de liderazgo y desconfianza. Algunos analistas advierten que este podría ser el principio del fin para el peronismo, mientras otros sugieren que la figura de Kirchner podría resurgir como una mártir del progresismo.

Las amenazas de movilizaciones por parte de sindicatos y figuras cercanas a Kirchner añaden un aire de tensión a la situación. La Corte Suprema ha movido ficha en un juego político que podría redefinir el futuro de Argentina. Este fallo no solo es un acto de justicia, sino un punto de inflexión que podría alterar el paisaje político del país para siempre. ¿Estamos ante el ocaso definitivo de una era o el inicio de un nuevo capítulo en la historia argentina? La respuesta está por verse.