El ex presidente Martín Vizcarra ha sido sentenciado a cinco meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, tras ser acusado de cohecho pasivo en relación a dos obras de gran magnitud, incluyendo la ampliación del Hospital Moquehua. La decisión se tomó en un contexto de serias irregularidades en la gestión pública, donde se ha evidenciado la entrega de dinero y coordinaciones ilícitas que comprometen la integridad del ex mandatario.

El juez, al evaluar la situación, concluyó que existen “graves y fundados elementos de convicción” que justifican esta medida cautelar, destacando la necesidad de garantizar la presencia física de Vizcarra durante el proceso judicial. La pena podría ascender a 15 años, considerando la gravedad de los delitos imputados. La defensa del ex presidente ha anunciado que interpondrá recursos de apelación, pero la situación actual lo coloca en un escenario crítico, donde la justicia busca evitar cualquier riesgo procesal.

La resolución del juez enfatiza que la prisión preventiva es esencial para asegurar que el acusado no eluda la justicia, dado que no existen restricciones efectivas que puedan garantizar su comparecencia. La decisión se produce en un momento de creciente tensión política y social en Perú, donde la corrupción en las altas esferas del poder ha generado un clamor por transparencia y rendición de cuentas.

Con la notificación de la sentencia, Vizcarra ha sido conducido al penal, marcando un capítulo más en la lucha contra la corrupción en el país. La atención ahora se centra en cómo se desarrollará el proceso judicial y las repercusiones que tendrá este caso en el panorama político peruano. La sociedad espera respuestas y justicia en un momento decisivo para la democracia del país.