**Caso Kilmar Ábrego: El gobierno de Trump planea su deportación a Uganda en medio de un escándalo judicial**

En un giro inesperado y alarmante, el gobierno de Donald Trump ha notificado a los abogados de Kilmar Abrego García su intención de deportarlo a Uganda en los próximos días. Esta revelación se produce justo después de que Abrego García fuera liberado de la custodia penal en Tennessee, donde enfrenta cargos de tráfico de personas. La notificación, presentada en un documento judicial, ha desatado una ola de indignación y acusaciones de coerción por parte de sus defensores.

Los abogados de Abrego García sostienen que esta acción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es un intento del gobierno por forzar un acuerdo de culpabilidad. Abrego García, un ciudadano salvadoreño que ya había sido deportado previamente a su país, fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar su juicio. Sin embargo, la posibilidad de ser enviado a un tercer país como Uganda plantea serias preocupaciones sobre su seguridad y derechos humanos.

Simón Sandoval Mchenberg, abogado de Abrego García, ha calificado la decisión de deportación como una represalia del gobierno, señalando que el proceso debe seguir ciertos protocolos legales que garantizan que se le notifique con al menos 72 horas de anticipación antes de cualquier deportación. Esta medida busca permitirle presentar un reclamo si teme enfrentar tortura o persecución en el país al que sería enviado.

El escándalo se intensifica con la revelación de que el gobierno había ofrecido a Abrego García un acuerdo para declararse culpable de dos cargos federales, prometiendo su deportación a Costa Rica, donde podría recibir estatus de refugiado. Sin embargo, sus abogados argumentan que estas ofertas son un intento de castigo por haber impugnado su deportación errónea anterior.

La situación es crítica y se desarrolla rápidamente, con implicaciones serias para los derechos de Abrego García y el manejo de casos de inmigración en Estados Unidos. La comunidad y los defensores de los derechos humanos están en alerta máxima mientras se espera que el tribunal tome acción inmediata.